Condiciones básicas para que un gobernador pueda ser corrupto

Uno de los elementos clave en las sociedades avanzadas del mundo, es el funcionamiento eficiente de sus gobiernos. Por sociedad avanzada entendemos, en pocas palabras, que los índices de bienestar y calidad de vida de su población son altos, es decir, cuentan con los satisfactores necesarios para vivir, tanto durante su vida productiva como en la etapa de retiro.

La eficiencia de sus gobiernos se observa en que cubren las funciones asignadas: ordenar el desarrollo económico, hacerlo productivo con distribución equitativa de la riqueza, satisfacer las necesidades comunes de la sociedad, resolver los problemas que se presentan en la vida cotidiana, tener seguridad pública con bajos niveles de impunidad y con alta impartición de justicia, etcétera.

El funcionamiento eficiente y eficaz del gobierno está directamente relacionado con la calidad de su administración pública. El gobierno de una sociedad se hace, primero, con el ejercicio de la política, que incluye el trabajo de concertación ciudadana para determinar el plan-proyecto de sociedad que se quiere. El segundo punto se refiere, precisamente, a la ejecución y construcción de ese plan-proyecto de sociedad, cuya responsabilidad recae en la administración pública, como instrumento de trabajo del gobernante en su quehacer político.

La corrupción está siendo el principal problema del ejercicio de la administración pública. En el plano del proyecto de sociedad, los gobernadores, en esta reflexión, hablan de los grandes objetivos y resultados que generarán para la sociedad, entre los que incluyen el progreso para todos y la transformación de sus vidas. Sin embargo, en el plano de la ejecución y de la administración pública, los resultados llegan a quedarse cortos, si no es que simulados, debiendo todo, más bien, al trabajo que sí realizan cotidianamente los trabajadores directos de los grandes sectores como son la educación, la salud, los servicios ciudadanos, etcétera.

De esta manera, la corrupción afecta la calidad del proyecto de sociedad que desarrolla la administración pública, al desconectar el ejercicio de los recursos de programas con la eficiencia de sus resultados y la transparencia de la rendición de cuentas (programas que se anuncian y que van quedando desatendidos a lo largo de los años del sexenio).

La pregunta, entonces, es ¿cómo y bajo qué condiciones un gobernador se vuelve corrupto? Es una pregunta que necesariamente tiene que estudiarse, en principio, para que la sociedad tenga elementos del proceso político que sucede, por un lado, y, por el otro, para que también la misma sociedad pueda exigir y demandar la erradicación de la corrupción.

Son varias las respuestas, entre las que podemos ensayar algunas. La primera y fundamental es la carencia de ética política de un gobernador, ya que será la raíz de sus conductas, decisiones y acciones en el marco de la corrupción. La falta de ética se observa cuando el gobernante utiliza la mentira, el engaño, la simulación, para dar a entender a los ciudadanos algo que es distinto en la realidad, o cuando se auto justifica la violación a determinadas leyes, sin que nadie se atreva a señalarle tal cosa, quedando en la impunidad.

El siguiente elemento, también indispensable para que un gobernador pueda ser corrupto, es la anulación de los diputados del congreso del estado. Son ellos los responsables de la revisión de la actuación del gobernador en el ejercicio de los programas de trabajo y recursos aplicados a través de la administración pública. El congreso es la institución política que debiera servir, como contrapeso del gobernador, para que la sociedad conociera cómo se aplican los recursos, particularmente, en obra pública en general, que es donde la discrecionalidad favorece la corrupción -ya que los sueldos y salarios, los recursos para el trabajo de oficinas, escuelas, centros de salud y hospitales, etcétera, no se pueden distraer o desviar tan fácilmente-.

Cuando en un congreso estatal desaparecen el análisis, la crítica y la denuncia, el debate sobre programas y resultados de la administración pública, sobre determinadas decisiones de un gobernador -que sólo llegan a ser discutidas y debatidas entre los ciudadanos, porque ni los diputados de oposición tocan esos asuntos-, sobre el uso de recursos y la rendición de cuentas, entonces, el ambiente se vuelve confuso y propicio para la corrupción (una vía, entre otras, para lograr este ambiente entre los diputados es la facilitación de recursos para ‘gestión social’ sin necesidad de comprobación).

Otra condición necesaria para que un gobernador pueda ser corrupto es la inhibición de la crítica política en los medios de comunicación. La propaganda gubernamental sostenida con abundantes y abultadas facturas de compra de espacios, permite mantener a la sociedad sin información adecuada para el análisis y la crítica ciudadana. El efecto consiguiente es que la información que sí recibe la sociedad como alimento de imagen de gobierno, es lo que el gobernador quiere que sepamos, obvio, que todo va bien y todo se cumplió.

Pasamos, ahora, a una condición no menos importante para que la corrupción suceda: que los actores y líderes de la sociedad no ejerzan la crítica y la libertad de expresión. Unos de estos actores y líderes son las cámaras empresariales, que juegan un papel importante para evitar que un gobernador se vuelva corrupto, o para que sí lo sea. El sector empresarial es una de las instituciones sociales que más cerca está de los gobiernos para la aplicación de recursos públicos de diferentes programas, como son, por ejemplo, la proveeduría de bienes consumibles y la realización de obras públicas.

Es evidente que, con un gobernador corrupto, difícilmente podrá avanzar una sociedad, porque la corrupción siempre va acompañada, y requiere que otras personas la acepten para poder sobrevivir y cubrirse.

Respecto a la colaboración del domingo anterior, una de las cabezas de los cuadros estadísticos fue ‘trimestre’, lo que distorsionó y complicó la lectura de la información, ya que debió ser ‘trienio’. Agradezco a Elías Loyola, lector de La Jornada Aguascalientes, el haberme señalado el error.